El 31 de diciembre de 2023 es la fecha tope. Antes, Salamanca, como el resto de ciudades de más de 50.000 habitantes, debe contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como estableció el Ministerio para la Transición Ecológica en la Ley de Cambio Climático. Aunque la mayor parte del casco histórico es ya peatonal y cuenta, por tanto, con un tráfico muy restringido, aún mantiene un circuito abierto a la circulación que el Ayuntamiento está dispuesto a peatonalizar en los próximos dos años en virtud de su Plan de Movilidad. El Gobierno de Carlos García Carbayo no quiere demorar las intervenciones necesarias para lograr este objetivo y este año pondrá en marcha un plan de 8.752.157 euros para minimizar todo lo posible el paso de vehículos por ocho corredores de la Ciudad Vieja —más de una veintena de calles— y ampliar, en la misma medida, las comunicaciones mediante carril bici.
El proyecto de presupuestos municipales para 2022 que se presentará este martes en la Comisión de Hacienda recoge ya una partida de 2,1 millones de euros para impulsar este macroproyecto. Esa es exactamente la cuantía que deberían aportar las arcas municipales si el Ayuntamiento recibe la subvención de 6.509.869 euros que solicitó al Ministerio de Transportes dentro de la convocatoria de ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos “NextGeneration”. Hace escasas semanas, el Estado confirmó que la petición de Salamanca ha sido admitida, pero son 180 ayuntamientos los que reclaman 1.500 millones de euros y solo hay 1.000 para repartir. Si finalmente llegase este dinero, se generaría crédito por su importe en el presupuesto para dar un mayor empujón a este plan en 2022.
Con independencia de la financiación que el Gobierno de España conceda finalmente a la capital del Tormes —aunque si el dinero no llega parte de las actuaciones podrían retrasarse hasta 2024 dado el mayor esfuerzo inversor del Ayuntamiento—, la intención del Ejecutivo municipal es completar este plan en dos años, por lo que los técnicos ya están trabajando en más de una decena de proyectos. De hecho, hay varias actuaciones de movilidad que el Consistorio tenía previstas y que ya están en marcha, como la peatonalización de la calle Ancha, que culminará en primavera. Pero hay otros siete corredores de tráfico que se deben remodelar entre este año y 2023 y a los que de momento se destinará parte de estos 2,1 millones de euros consignados en las cuentas pendientes de aprobar. Se trata del itinerario Correhuela-plaza del Corrillo, que incluiría Pozo Amarillo y plaza del Mercado —505.300 euros, según la información facilitada en la Comisión de Hacienda—, así como de sus prolongación hasta la plaza de Colón, que afectaría al primer tramo de San Pablo —285.000 euros—, y hasta Peña Primera, conformada por Quintana, Juan del Rey, Prado e Íscar Peyra —más de 600.000 euros—. En esta misma zona de la Ciudad Vieja, se reformarían San Justo, Varillas y Gonzala Santana —335.000 euros— para reducir el paso de vehículos por ellas.
Vinculado a la obra que se está haciendo en la calle Ancha, estaría la más cuantiosa de las intervenciones, con casi un millón de euros, en el corredor que forman La Vaguada de la Palma, la Cuesta de Oviedo, Balmes y Veracruz. La plaza de San Juan Bautista y su entorno —304.000 euros—, y las calles próximas al Campillo, como Santos Jiménez y Luis Hernández Contreras —221.232 euros— también quedarían limitadas a un tráfico restringido para residentes y acceso al aparcamiento. A todo ello, se sumarían siete actuaciones para ampliar la red de carril bici y sus bases de préstamo.
Dentro del plan de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el casco histórico, se incluyen siete tramos de carril bici, de los que tres ya contaban con presupuesto en 2021. Estos últimos son la conexión con Puente Ladrillo a través de Calzada de Medina, cuyo inicio está previsto para febrero; el tramo que recorrerá el puente Felipe VI, ya en contratación —119.600 euros—, y la conexión de éste con Joaquín Rodrigo, en San José —39.000—. En los próximos dos años, el Gobierno de Carlos García Carbayo se fija el reto poner en marcha otros cuatro viales para ciclistas: en la avenida de Comuneros —219.000 euros—, paseos de San Gregorio y San Vicente —844.185 euros—, la conexión de Alfonso de Castro con la avenida de Mirat —129.376 euros—, y por Cordel de Merinas —297.000 euros—.
Más allá de peatonalizar y aumentar el carril bici, el proyecto de la ZBE conlleva otras actuaciones menores, como la ampliación de la bases del servicio de préstamo de bicicletas y la instalación de señalización que contribuya a rebajar, “calmar”, la velocidad en las calles del centro y sus alrededores.
El Ayuntamiento también ha solicitado 981.446 euros a la convocatoria de ayudas del Ministerio para mejorar la accesibilidad del transporte público.
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