Por Sebastián Fernández (Rinconet)

Mañana será el alegato final de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- los Abbott y Costello de nuestra justicia federal- en la causa de la obra pública de Santa Cruz. Ambos dedicaron sus alegatos anteriores a reseñar sus propias exposiciones asegurando que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta. En algo están todos de acuerdo- desde nuestros medios serios, pasando por los humoristas de Comodoro Py y hasta los propios acusados- y es que la condena está escrita desde hace rato. Quién sabe, tal vez esa unanimidad garantice la tan deseada seguridad jurídica que le permitirá a nuestro país encontrar por fin la senda del desarrollo.

De las tres toneladas de pruebas mencionadas en un inicio por Edu Feinmann, luego amplificadas en “toneladas y toneladas de pruebas” por el ineludible Franco Mercuriali, y en “montaña de pruebas” por Claudio Savoia, pasamos sin solución de continuidad al “sobran las palabras” del propio fiscal Luciani. Al parecer, los delitos llevados adelante son de tal magnitud que no requieren del enorme peso probatorio.

En un nuevo asombro de nuestra #JusticiaFabioZerpa de máxima creatividad, la fiscalía desvinculó a los jefes de Gabinete de Néstor Kirchner y CFK de la causa. Para el ineludible fiscal Luciani: “La obra pública ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete.”

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Según la Constitución Nacional, las “limitadas intervenciones” del jefe de Gabinete consisten en ejecutar el presupuesto, ejercer la administración general del país, trabajar junto al gabinete de ministros y sus funcionarios, coordinar las tareas y hacer un seguimiento de las políticas públicas.

Por alguna extraña razón, los fiscales han concluido que ningún jefe de Gabinete de aquellos años participó de la asociación ilícita que, sostienen, existió entre el 2003 y el 2015 y que representó, siempre según la acusación, el mayor saqueo a las arcas públicas de nuestra historia. Así, CFK no podía ignorar lo realizado en un tramo de ruta de Santa Cruz pero sus jefes de Gabinete podían no saber de un colosal saqueo planificado bajo sus ojos.

Es la famosa asociación ilícita láser.

El Nado Sincronizado Independiente (NSI) que reclama con impaciencia y a cielo abierto el encarcelamiento de CFK va más allá de los medios o justicia federal. Sin ir más lejos, el constitucionalista independiente Daniel Sabsay- paciente ambulatorio de la Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo- afirmó que CFK es culpable y que, además de condenarla, el tribunal debería inhabilitarla para ejercer cargos públicos para que la gente recupere la fe en quienes nos gobiernan”. Como todos sabemos, la fe democrática se logra proscribiendo a quienes no piensan como uno.

Por su lado, Alfredo “Cuidate Changuita” Leuco y su hijo Diego se preguntaron al aire por qué sus abogados defienden a Cristina si es una corrupta. Varios diputados, como Álvaro de Lamadrid, siguen el mismo extraño paradigma y exigen que CFK pruebe esa inocencia que en su caso no se presumiría. Incluso el experto en derecho constitucional y coso Roberto Gargarella aportó apoyo académico y propuso que en el caso de Cristina lo que se presuma sea la culpabilidad. Lo que el kirchnerismo ha hecho con nuestra viejas glorias progresistas es impiadoso.

En todo caso, saber desde un inicio que CFK es culpable facilita mucho la operatoria procesal.

Nuestros medios serios pueden tratar a los funcionarios del gobierno de chorros, delincuentes, nazis, asesinos o psicóticos; pueden comparar a CFK con Videla o afirmar que Néstor Kirchner no estaba en el cajón; pueden incitar a que sus oyentes amenacen a funcionarios o diputados y los agredan a la entrada de los ministerios o viajando en un avión; pueden hacer extensivo ese odio hacia los kirchneristas en general sin que ningún alma de cristal, ninguna asociación de periodistas u ONG ciudadana se preocupe por esa diaria incitación a la violencia.

En cambio, si alguien, en este caso Roberto Navarro- periodista y fundador de El Destape- opina que esa prédica coral, impulsada por los accionistas de los medios, es peligrosa y puede incluso revertirse contra quienes la propagan y por eso debe ser frenada, entonces sí, esas mismas almas de cristal, asociaciones y sellos de goma lamenten al unísono que estamos frente a un ejemplo de incitación inaceptable en democracia y merece una denuncia penal, la que ya fue presentada en Comodoro Py.

Tanto la causa de la obra pública como la denuncia contra Navarro forman parte del mismo lawfare, la persecución política a través de jueces y fiscales como hasta 1983 se resolvió a través de generales y almirantes. Es el brazo ejecutor de un plan de negocios con unos pocos ganadores y con muchos perdedores. Según los fiscales Luciani y Mola, el lawfare no existe y, además, es un sistema para disciplinar a jueces y fiscales como ellos que sólo buscan hacer su trabajo.

No existe y se usa para perseguir, una maravillosa confesión de parte.

Imagen: Opositores convocan a una marcha con antorchas en defensa del diálogo, el consenso y coso (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)

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